El conflicto del Este de Ucrania

una crisis olvidada a las puertas de Europa
2019

En abril de 2019 se cumplió el quinto aniversario desde el comienzo del conflicto en el Este de Ucrania. 2014 marca el inicio de este conflicto, que siguió la desafortunada estela de la Revolución ucraniana y del movimiento Euromaidán. Estas manifestaciones, que tuvieron lugar tras la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa, y que formaban parte de un grupo más amplio de protestas prorrusas simultáneas en el Sur y en el Este de Ucrania, se convirtieron en un conflicto armado entre las fuerzas de las autodeclaradas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk (DPR y LPR, respectivamente), y el Gobierno de Ucrania. Los países de la Unión Europea (UE), con la iniciativa de Francia y Alemania, facilitaron que Ucrania, Rusia, el DPR y el LPR firmaran el Protocolo de Minsk para establecer un alto el fuego. No obstante, esto ni detuvo ni redujo la intensidad del conflicto, ya que las violaciones del alto el fuego por ambas partes se convirtieron en algo habitual.

En 2019, la lucha continúa segando vidas y dañando casas e infraestructuras civiles a las puertas de la UE. Más de 13.000 personas han muerto (de las cuales aproximadamente 3.000 eran civiles) y 800.000 han sido desplazadas. Aproximadamente 5,2 millones de personas se han visto afectadas por el conflicto armado activo en el Este de Ucrania, de las cuales 3,5 millones necesitan asistencia humanitaria y protección. Las más afectadas por este conflicto son las ancianas, las personas con bajos ingresos, las enfermas crónicas, las personas con discapacidad, las mujeres y los niños y niñas. Sus principales preocupaciones son la inseguridad y no poder abandonar sus casas. A menudo dependen de sus exiguos ingresos y de sus familias o vecinos para acceder a los servicios básicos y a la comida, y sobrevivir.

Al tiempo que se incrementaba la intensidad del conflicto, se creó una frontera de facto de casi 500 km entre áreas controladas y no controladas por el gobierno (GCA y NGCA, respectivamente). Como resultado, el Gobierno de Ucrania estableció un rígido régimen de cruce que ha restringido desde entonces la libertad de movimiento de la población entre las áreas controladas y no controladas por el gobierno. Al otro lado de la línea de contacto, las autoridades de facto también han impuesto restricciones al traslado de bienes y al acceso de personal humanitario.

La llamada línea de contacto divide regiones antiguamente unidas. Impide el acceso a servicios esenciales, separa familias, evita que su población consiga cualquier forma de sustento y altera las relaciones sociales. En esencia, el conflicto ha separado áreas rurales y pequeñas ciudades pertenecientes al área controlada por el gobierno de los dos principales centros urbanos proveedores de servicios de la región, las ciudades de Luhansk y Donetsk. Ambas ciudades están ahora ubicadas en la zona no controlada por el Gobierno y, por ello, las personas afectadas por el conflicto deben hacer frente a importantes obstáculos físicos y no físicos para acceder a servicios básicos, como atención sanitaria y servicios sociales.

A pesar de ello, muchos hombres, mujeres y familias necesitan cruzar con regularidad la frontera de facto para ver a sus familiares, visitar sus propiedades, sacar dinero, cobrar pensiones (aunque el Gobierno de Ucrania ha suspendido el pago de las pensiones de toda la población que resida oficialmente en la zona no controlada por el gobierno) y acceder a servicios legales. En 2018, se registró una cifra media mensual de más de un millón de traslados que atravesaban la línea de contacto.

No obstante, el cruce entraña una serie de dificultades. Sólo existen cinco puntos de entrada/salida (EECP) a lo largo de los 500 km de la línea de contacto y más de 30.000 personas deben atravesarlos cada día. Cuatro de ellos están situados en el óblast de Donetsk y pueden ser cruzados por vehículos. En el óblast de Luhansk sólo hay un punto de cruce destinado únicamente a peatones formado por un puente inestable, dañado a menudo por los bombardeos, y, probablemente, rodeado por restos de la guerra sin explosionar. Como resultado, el cruce puede prolongarse durante varias horas de colas, procesamiento y espera.

Restricciones al movimiento, conflictos permanentes e instalaciones obsolescentes comprometen el acceso a la atención sanitaria e incrementan los riesgos para la salud física y mental

El sistema de atención sanitaria se ha visto afectado directamente por el conflicto, que ha provocado la reducción tanto de la calidad de sus servicios como de la accesibilidad. De todas las personas afectadas, aproximadamente 1,3 millones de personas en un radio de 20 km de la «línea de contacto» necesitan servicios sanitarios básicos. Es importante subrayar que, de entre todas las poblaciones que reciben actualmente asistencia humanitaria, Ucrania cuenta con el porcentaje más alto de personas mayores (de más de 60 años), que asciende al 30%. Hasta un 87% de ellas tienen necesidades específicas de atención sanitaria, que siguen sin ser satisfechas.

El acceso a la atención sanitaria básica se ha visto gravemente alterado tanto en las GCA como en las NGCA. Antes del conflicto, las personas residentes en áreas afectadas por el conflicto, que ahora se encuentran en áreas controladas por el Gobierno, dependían de centros sanitarios ubicados en las ciudades de Donetsk y Luhansk para recibir atención secundaria y terciaria. Por el momento, las diferentes limitaciones (tanto nuevas como ya existentes) a las que tienen que hacer frente los centros sanitarios, como restricciones al movimiento, incluido el cruce de la línea de contacto, desempeñan un papel principal.

En una región cuya situación económica se había visto ya de por sí deteriorada a consecuencia del conflicto, los daños que han sufrido las carreteras, las restricciones al movimiento, la falta de transporte público y el consecuente incremento del precio del transporte, han reducido la capacidad de la población para llegar hasta los centros sanitarios. La falta tanto de tratamientos como de medicamentos amenaza la supervivencia de pacientes que sufren diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, que es extremadamente común, ya que afecta a más de la mitad de la población de más de 50 años. Las farmacias son limitadas en las áreas más próximas a la «línea de contacto» y se han incrementado los precios de casi todos los fármacos, lo que dificulta todavía más atender la salud de la población. Además, la falta de recursos humanos especializados en el sector de la atención sanitaria es una de las causas principales de la reducción de la disponibilidad de la atención sanitaria en estas áreas. Mucho personal especialista ha salido de la zona desde que estalló el conflicto: 1.500 profesionales de la salud han abandonado las áreas afectadas por el conflicto desde 2014.

Mucho personal cualificado ha abandonado también las áreas no controladas por el Gobierno de Ucrania y el bloqueo comercial impuesto por el mismo reduce la disponibilidad de fármacos y de equipo médico. La población depende de los suministros de la Federación Rusa. El conflicto ha dañado numerosas instalaciones sanitarias y, con ellas, un equipo que en muchos casos ya estaba desfasado antes del inicio de la contienda. Es el caso del Hospital Regional Infantil de Luhansk.

La separación, su impacto y el entorno general que ha creado el conflicto también tienen graves consecuencias para la salud mental de las personas que viven tanto en las GCA como en las NGCA. A la falta de acceso a los servicios se añade la pérdida (o la separación) de familia y amistades, el deterioro de las condiciones de vida y la incapacidad de las personas para garantizar su subsistencia y la de su familia, además de los peligros que entraña un conflicto permanente. Esto tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo para niños, niñas, familias y comunidades, y continúa impidiendo el transcurso normal de la vida. Esta situación afecta a pacientes, pero también al personal sanitario, que vive en las mismas comunidades que aquellas personas a las que asiste.

Las mujeres y las niñas son las más vulnerables, ya que se exponen a riesgos derivados de la crisis, como una mayor probabilidad de sufrir violencia y abusos. Conforme se incrementa la violencia de género, aumentan las necesidades generales. Las denuncias por violencia de género y sexual (incluida la relacionada con el conflicto) siguen siendo significativamente bajas y no se abordan adecuadamente con los recursos y los servicios sanitarios disponibles.

Intervenciones humanitarias: Desafíos

Desde el comienzo del conflicto, organismos internacionales de ayuda humanitaria comenzaron a prestar asistencia y apoyo a las poblaciones afectadas a ambos lados de la línea de contacto. Un ejemplo de esto es Médicos del Mundo, una de las pocas ONG internacionales con acceso a la zona no controlada por el Gobierno, está en Ucrania desde 2015, y que trabaja para garantizar el derecho a la salud de la población afectada por el conflicto en las provincias de Luhansk y Donetsk, con especial atención a las personas mayores que son el grupo de población más vulnerable en este conflicto. Actualmente, MdM apoya al distrito de salud en centros de atención primaria situados en las proximidades de la línea de contacto con equipos médicos móviles, medicamentos y equipamiento médico. Estos equipos móviles incluyen la presencia de psicólogos y matronas, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) como parte de la atención primaria.

No obstante, las agencias de ayuda humanitaria operan sin un mecanismo específico que facilite el acceso de la población a este tipo de ayuda.

En los territorios no controlados por el Gobierno, en las regiones de Luhansk y Donetsk, los procedimientos de registro impuestos por las autoridades de facto dificultan en gran medida el acceso a la ayuda humanitaria.

Por su parte, en los territorios bajo el control del Gobierno, las reformas sanitarias y de descentralización llevadas a cabo por el mismo dificultan todavía más el acceso a los servicios sanitarios: la administración civil y militar local es responsable de estas áreas afectadas por el conflicto y tiene muchas dificultades para aplicar la nueva normativa, lo que afecta negativamente a las comunidades y a las personas que viven allí.